Por qué razón deberíamos buscar una justificación moral para las penas privativas de la libertad, si se trata de algo que parece natural a nuestras sociedades o a cualquier comunidad organizada. Alegar la naturalidad de una práctica es incurrir en la denominada falacia naturalista, que expuso alguna vez G.E., Moore […]
La Resolución 0-0211 de 2025, por la cual la Fiscalía General de la Nación crea la Unidad Nacional de Justicia Restaurativa (UNJR) y adopta una estrategia integral, es un acto administrativo ambicioso. Sus artículos definen finalidades, objetivos y diez componentes estratégicos que van desde rutas restaurativas nacionales y seccionales hasta programas para adolescentes, […]
En los últimos años, los movimientos migratorios han alcanzado niveles sin precedentes. Conflictos armados, crisis económicas y desastres climáticos han forzado a millones de personas a dejar sus territorios en busca de protección o mejores condiciones de vida. Esta movilidad global ha transformado comunidades enteras, generando nuevas dinámicas sociales, pero […]
¿Sabías que la JEP emitió sus primeras sentencias en los Macrocasos 01 y 03 en las que, por primera vez en el mundo, se impusieron sanciones con contenido restaurativo en un proceso transicional, a la par con la restricción de derechos y libertades? Antes de ello, es decir, de las […]
El reconocimiento de las afectaciones a los pueblos étnicos por parte de la “sociedad occidental” o no indígena es necesario para comprender las causas del conflicto en Colombia.
La JER propende por la socialización del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como contribución a la reconciliación desde la escuela con énfasis en la memoria, la verdad y la no repetición.
El control constitucional de la Ley de Seguridad Ciudadana ha puesto en evidencia la importancia de encontrar un equilibrio entre la construcción de una sociedad más segura y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no como objetivos contrapuestos, sino complementarios.
La privatización carcelaria no resulta eficiente en términos económicos y representa un riesgo de aumento en la violación de derechos humanos de la población privada de la libertad que se encuentra ya en un estado especial de vulnerabilidad.
Según los Tableros Estadísticos del INPEC (junio de 2023), el TFPE es el delito de mayor incidencia en las mujeres con 1.687 condenadas, y le siguen el concierto para delinquir[3] (1.360) y el hurto (919). A diferencia de los hombres, respecto de quienes el orden es de: homicidio (20.335), hurto (17.338), trafico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones (13.25) y el TFPE ocupa el quinto lugar (10.875).
La Corte Constitucional se pronunció sobre las acciones de tutela presentadas por firmantes del Acuerdo Final de Paz, quienes denunciaron amenazas graves contra su vida e integridad.